El pasado 11 de agosto, Emilio Lozoya presentó formalmente su denuncia ante la Fiscalía General de la República ante la cual acusó formalmente al menos a 16 políticos, un secretario particular, una periodista y hasta un medio de comunicación por haber cometido alguno de estos delitos: abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, extorsión, cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias, entre otros.
Pero el día de ayer, el gobierno de la república abrió una quinta denuncia en contra del exdirector de Pemex, la cual implica el desvío de recursos públicos detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en las cuentas públicas de 2013 y 2014.
Se trata de un esquema similar al que hoy tiene a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, en la cárcel, pues son convenios de Pemex con universidades públicas del sureste del país.
Las otras cuatro investigaciones que hay contra Lozoya son: Odebrecht y los sobornos a políticos; la pesquisa internacional a las empresas Tochos Holding Limited y Latin America Asian Capital; Altos Hornos México (AHMSA) y el trato con el empresario Alonso Ancira; y los vínculos con la empresa española OHL.
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“Se concluye que, en términos generales, la Universidad Popular de la Chontalpa no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”, dice la ASF.
La lupa de la UIF también está en la Cuenta Pública 2014. Ese año a raíz de la Reforma Energética, Pemex siguió con el esquema de contratar servicios a universidades, como la Universidad Autónoma del Carmen y la Universidad Tecnológica de Tabasco.
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