La Gran Mentira, El Relleno Sanitario de León, Gto. Parte I


El Relleno sanitario de León, Gto.

A nadie sorprende el interés creciente de los gobiernos de hoy en día por empatar su discurso con el reto ambiental del  presente siglo: escases de agua, contaminación del aire, deforestación, calentamiento global e inadecuado manejo de los residuos; toda una odisea por cumplir…

Las políticas públicas, como bien lo señalan los clásicos de la administración pública, deben siempre orientarse hacia el bien público y no, así, al interés privado. Dicha máxima  es la piedra angular que sostiene la teoría del poder popular,  esto es, el poder del pueblo, para el pueblo y por el pueblo.  Para dejarlo más claro, dicen los teóricos de la administración pública, la diferencia sustancial entre la administración pública y la administración privada es la intención de lucro de ésta, en contraste de la intención de equilibrio y bienestar social de  aquella.

En este orden de ideas, es fácil también vislumbrar  la caída en picada de los gobiernos actuales que paralelamente acompaña a la actual crisis ambiental. Esta crisis, disimulada y revestida con tratados internacionales como ropajes del gobierno mundial, es el derrumbe de la legitimidad de los gobiernos nacionales. El ideal de soberanía nacional es ahora diluido por una concepción global única del orden mundial. Se busca, a toda costa, implantarnos la versión de un solo camino para todos, bajo un solo modelo de convivencia mundial: El colonialismo cultural.

En tal esquema, es lógico concluir que la pluralidad de pensamiento no tiene cabida en los planes de globalización liberal.  La conciencia  política  y la razón crítica son un peligroso obstáculo para los objetivos de las organizaciones de supuesta jurisdicción mundial, como lo son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y  la  Organización Mundial del Comercio cuya intención primordial no es otra que liberalizar los mercados internacionales para abrir las puertas al interés privado sobre los recursos nacionales de los pueblos.

A este punto,  me es propio   exponer que la  legitimidad de un gobierno no estriba únicamente en el hecho de  haber sido electo por mayoría de votos; esto es solamente un acto de manifestación de la preferencia del votante. La legitimidad de un gobierno se pone a prueba día a día con su congruente actuar en el ejercicio del poder, es decir,  la conexión intrínseca  entre sus acciones y la esencia fundamental de la Ley; ese contenido objetivo de la norma jurídica que Montesquieu llamó “el espíritu de la Ley”; la intención profunda que justifica la imposición coercitiva de la ley sobre la conducta del hombre.

Desde la década de los 80s, el Banco Mundial y el fondo Monetario Internacional impusieron las famosas “Reformas Estructurales” para los entonces llamados países “subdesarrollados”, hoy denominados países en vías de desarrollo.  México no fue la excepción; durante los 80s y  90s para poder recibir créditos de estas dos organizaciones, se llevaron a cabo cambios sustanciales en la soberanía de la economía nacional, y uno de los puntos principales fue la “desincorporación de empresas públicas”, aparejada con la progresiva desregulación del comercio internacional. Esta desincorporación de las empresas públicas no fue otra cosa que la disolución y venta de la gran mayoría de las empresas públicas de la nación.

Este proceso de privatización ha buscado también extenderse a otras funciones del Estado, como las enumeradas en el artículo 115 constitucional, en el que se mencionan las obligaciones de los gobiernos municipales: “artículo 115,  III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: c)  Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos…;”

Bajo esos preceptos internacionales de privatización de las funciones del Estado, en el año 2000 el gobierno municipal de la ciudad de León, Gto., durante la administración del entonces presidente municipal Luis Ernesto Ayala Torres (hoy Secretario de gobierno del actual gobernador del estado de Guanajuato),  decidió concesionar su relleno sanitario municipal (basurero municipal)  a la empresa PASA S.A.B de  C.V. (CONTRATO DE CONCESIÓN NO. SPM/CRS/01-2000). De esta manera, el municipio delegó su responsabilidad para la prestación de este servicio, pero nunca su obligación constitucional.

El objeto central de esta concesión es el pago que recibe la empresa PASA S.A.B de  C.V. por parte del municipio (48.82 Pesos M/N en 2000 y ahora 92 Pesos M/N en 2020 por tonelada recibida) en contraprestación de dos servicios claramente plasmados y definidos en el título de concesión:  “Condiciones,   primera: EL AYUNTAMIENTO POR ESTE ACTO JURÍDICO CONCEDE A LA CONCESIONARIA LA CONCESIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIA EN LO QUE RESPECTA AL APROVECHAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS CONSIDERADOSPOR LOS ORDENAMIENTOS  LEGALES COMO NO PELIGROSOS…”

La gran farsa inicia aquí. El ayuntamiento otorga la responsabilidad de APROVECHAR Y DISPONER LOS RESIDUOS, y la empresa sólo realiza la mitad de sus obligaciones contractuales; es decir, como todos bien sabemos, la empresa PASA S.A.B de  C.V. únicamente ha realizado, desde aquella fecha, la disposición final de los residuos que ingresan al relleno sanitario, faltando así a su obligación de separar y  reciclar dichos residuos (aprovechamiento), siendo que el ayuntamiento le ha estado pagando cabalmente  por la realización de estos servicios. Cabe mencionar que cuando nos referimos a la disposición final que realiza esta empresa, estamos simplemente hablando de recibir, compactar y enterrar los residuos.

Tras un análisis minucioso del título de concesión en cuestión, es imposible dejar espacio para un supuesto desconocimiento por parte del ayuntamiento de esta ciudad con respecto a tal incumplimiento de la concesión, puesto que las especificaciones sobre el aprovechamiento de los residuos fueron  establecidas en diversas condiciones dentro del contenido mismo de la concesión.

“CONDICIÓN NOVENA: LA SEPARACIÓN Y RECICLAJE DE LOS RESIDUOS, SE SUJETARÁ AL PROCEDIMIENTO SEÑALADO EN EL DOCUMENTO No 15 DE LA PROPUESTA DE LA CONCESIONARIO (ANEXO 7).

“CONDICIÓN  DÉCIMA.- LA CONCESIONARIA DEBERA EJECUTAR LA ALTERNATIVA DE OCUPACIÓN DE HASTA 130 CIENTO TREINTA PEPENADORES, QUE SE ENCUENTRAN DESARROLLANDO ESTA ACTIVIDAD EN EL ACTUAL RELLENO SANITARIO, SEÑALADA  EN SU PROPUESTA Y QUE CONSISTE EN: UN ÁREA FUERA DEL FRENTE DE TRABAJO DE 60 m. x 20 m. SUBDIVIDIDA EN 4 SECCIONES.”

Son ya veinte años en los que el ayuntamiento ha estado pagando a esta empresa por un servicio a medias cuyas implicaciones ambientales son desastrosas; veinte años en los que esta empresa recibe un pago completo por un servicio  a medias: enterrar todo tipo de residuos reciclables.

La única lógica posible detrás de toda esta mentira pública es la que encontramos en la respuesta de los directivos de dicha empresa cuando se les cuestiona sobre su incumplimiento en materia de separación y reciclaje dentro del relleno sanitario: “no nos es factible realizar la separación y el reciclaje por cuestiones económicas”. Estas fueron las palabras de los ingenieros cuando jóvenes de la UNAM-ENES los cuestionaron durante una visita de recorrido  en sus instalaciones.

A esta actitud cínica de maximización lucrativa debemos añadir la complicidad de las autoridades municipales al solapar el incumplimiento de las condiciones del título de  concesión. Un gobierno legítimo en principios y acción, obligaría al sector privado a cumplir cada una de sus obligaciones contraídas en la firma de un título de concesión.

Esto no sólo lo digo yo, basta con analizar el DIAGNOSTICO INTEGRAL DE RESIDUOS DE LEÓN, GUANAJUATO; documento realizado por el CIATEC (Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas) a petición del mismo ayuntamiento de León, Gto. en el año 2013. Este documento menciona con flagrante contundencia lo siguiente: “uno de los primeros elementos de diagnóstico  que es necesario tomar en cuenta es el hecho de que en el municipio de León, Guanajuato, no se cuenta con un sistema integral de manejo de residuos, ya que el ciclo de los residuos se maneja de forma parcial y la interconexión entres sus distintos componentes es casi nula y obedece sólo a intereses particulares…”

Con la intención de comprender y dilucidar cada uno de los puntos que faltan por exponer sobre este fraude público-privado, es prudente detenernos por ahora, ya que en la segunda parte de este artículo abordaré la trama de la extensión de dicho título de concesión que (ADENDUM AL TÍTULO DE CONCESIÓN NO. SPM/CRS/01-2000), a pesar de este injustificado incumplimiento, le otorga el gobierno municipal por quince años más al mismo particular, su camuflado proyecto de generación de “energía limpia en el relleno sanitario”, y otros elementos que suman en el desarrollo de este pacto de corrupción a costa del erario público y el medio ambiente.

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